スペインの住宅ローン法では、立ち退きされた家族が不動産価値増加税を払うのは不当だとして、銀行に払わせるように要求
Botella presiona a Montoro para eliminar el impuesto de plusvalía a desahuciados
El Ayuntamiento negocia con el Gobierno para cobrar a los bancos y a no al desalojado
Bruno García Gallo Madrid 21 MAR 2013 - 09:07 CET
La Ley Hipotecaria no sólo es injusta, tal y como determinó la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, somete a aberraciones poco comprensibles a las familias a las que se despoja de su hogar por el impago del préstamo bancario. La legislación tributaria considera que el traspaso forzado de la vivienda, que queda en manos de la entidad financiera, obliga a la familia a pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, también conocido como de plusvalía.
Este tributo responde al incremento de valor que ha sufrido el inmueble desde que su propietario lo compró; debe abonarlo éste, pues, al venderlo. Excepto en caso de herencia o donación, en cuyo caso lo paga el receptor. En los desahucios, lo satisface el propietario que pierde la vivienda. Ese dinero lo recibe el Ayuntamiento; en la capital, supone unos ingresos de 416 millones en 2013, casi uno de cada diez euros que entran en las arcas municipales.
El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella (Partido Popular), ve "chocante" esta normativa, "tratándose de un asunto tan sensible", y considera que "viene a agravar aún más la delicada situación de las familias que sufren este penoso trance". "No es razonable", sostiene el área municipal de Hacienda, que dirige Concepción Dancausa. Cree que debe acometerse un cambio normativo "sin demora", pero carece de "autonomía o capacidad" para llevarlo a cabo. Por ello, "va a instar e impulsar ante el Estado una nueva modificación de la Ley de Haciendas Locales para que las personas desahuciadas de su vivienda habitual no tributen por este impuesto".
Si la iniciativa partiera de otro Ayuntamiento y en otras circunstancias, parecería más bien un brindis al sol. Sin embargo, Madrid no sólo es el municipio más poblado (3,3 millones de habitantes), y por tanto uno de los más afectados por estas situaciones. Su alcaldesa además mantiene una estrecha coordinación con el Ministerio de Hacienda, lo que, unido a la presencia en el Gobierno de antiguos responsables económicos del Ayuntamiento, ha permitido sacar adelante otras medidas en la línea de las propuestas de la capital. En este caso en concreto, fuentes cercanas a Botella se muestran muy optimistas. La cifra anual de desahucios en la capital es complicada de fijar, puesto que los datos judiciales se conocen con varios meses de retraso y no afinan demasiado geográficamente. Sin embargo, el Ayuntamiento cifra en hasta 7.199 las ejecuciones durante 2012, a partir de la intención en todas ellas de la Policía Municipal como cuerpo policial de apoyo. Esta cifra no es tampoco exacta, puesto que los agentes contabilizan sus actuaciones, no los desalojos efectivos, de forma que aparecen como tales también aquellas frustradas por cualquier circunstancia.
El Pleno municipal ya aprobó en diciembre de 2011, con Alberto Ruiz-Gallardón aún como alcalde, una proposición unánime para instar al Gobierno a introducir este cambio, a instancias de Izquierda Unida. Entonces, Mariano Rajoy (Partido Popular) acababa de sustituir al socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo. Recogió la propuesta en el decreto ley de marzo de 2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, un remiendo rápido de la norma hipotecaria aprobado ante la alarma social provocada por los desahucios. Pero la circunscribió a supuestos muy restrictivos, en concreto a familias en riesgo de exclusión por falta de recursos. La intención del Ayuntamiento ahora es ampliar esa protección a todos los casos. La propuesta de Botella no elimina el tributo, sino que demora su pago hasta la siguiente transmisión. Es decir, no lo tendrá que pagar la familia desahuciada, pero tampoco al banco. O no al menos en el momento de la ejecución.
Lo hará cuando venda la casa, calculándose a partir del incremento de valor hasta ese momento. Eso permite no cargar tampoco las tintas sobre las entidades financieras, muchas de las cuales ya han tenido que ser rescatadas con dinero de todos los ciudadanos. El Ayuntamiento "intentará que la propuesta tenga efectos retroactivos para que se puedan beneficiar de ella las personas desahuciadas en los últimos meses también". La incidencia de la medida "será prácticamente inapreciable" para las arcas municipales, puesto que las probabilidades de cobrar el tributo a las familias desahuciadas "es prácticamente inexistente".
Si de esta manera logra ingresos extraordinarios, aunque sea dentro de años, gracias a la capacidad financiera de los bancos, miel sobre hojuelas. El Gobierno municipal quiere solucionar también otro problema tributario provocado por los desahucios. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se gestiona a partir del padrón, que depende de la Dirección General del Catastro. Así, el Ayuntamiento recibe la información del cambio de titularidad de la vivienda por desahucio o bien a través de la entidad financiera o bien de la familia afectada. Si ni uno (por interés o incompetencia) ni el otro (por el drama de su situación) lo hace, los recibos se siguen cobrando al anterior propietario.
Para evitarlo, el área de Hacienda esta negociando con el Estado una fórmula que le permita "disponer de manera lo más rápida posible" de esta información. Al frente de la Dirección General del Catastro estuvo de enero a octubre de 2012 Rosana Navarro, antes responsable de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento y ahora secretaria general de Coordinación Autonómica y Local.
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Bottle Montoro pressures to eliminate capital gains tax to hospice
The City Council is negotiating with the government to charge the banks no longer evicted
Bruno Garcia Gallo Madrid 21 MAR 2013 - 09:07 CET
The Mortgage Act is not only unfair, as determined last week the Court of Justice of the European Union. Furthermore, aberrations undergoes little understandable to families who sheds his home for unpaid bank loan. Tax law considers the forced transfer of housing, which is in the hands of the bank, forcing the family to pay the tax on the increase in Value of Urban Land, also known as capital gains.
This tribute responds to increasing the value that has been building since his owner bought it, he should pay it, then, to sell. Except in case of inheritance or gift, in which case the receiver pays. In foreclosures, it satisfies the owner loses the home. That money is received by the City Council, in the capital, is an income of 416 million in 2013, almost one in ten euros coming into city coffers.
Madrid City Council, ruled by Ana Botella (Partido Popular), see "shocking" this regulation "in the case of such a sensitive issue," and believes that "further aggravates the delicate situation of families suffering this painful trance ". "It is unreasonable," said the municipal area of Finance, headed Dancausa Conception. He believes that a policy change should be undertaken "without delay", but no "autonomy or capacity" to carry it out. Therefore, "will encourage and boost to the state a new amendment to the Local Finance Law for people evicted from their residence not taxed by this tax."
If the initiative departed from another municipality and in other circumstances, would seem rather a toast to the sun. But Madrid is not only the most densely populated (3.3 million), and therefore one of the most affected by these situations. Its mayor also maintains close coordination with the Ministry of Finance, which, coupled with the presence of former government economic leaders of the City, has enabled push through other measures in line with the proposals of the capital. In this particular case, sources close to Bottle are optimistic. The annual number of evictions in the capital is difficult to determine, since the data are known court several months late and not too geographically tune. However, the City Council until 7199 figure on executions in 2012, from the intention in all municipal police support as police force. This figure is not accurate either, since agents recorded their actions, evictions not effective, so they appear as such also those frustrated for any reason.
The Municipal Council and approved in December 2011, with Alberto Ruiz-Gallardón even as mayor, a proposition unanimously to urge the Government to introduce this change, at the behest of the United Left. Then, Mariano Rajoy (PP) had just replaced the Socialist José Luis Rodríguez Zapatero at the head of the executive. He picked up the proposal in the Executive Order of March 2012 on urgent measures to protect mortgage holders without resources, a quick patch mortgage approved standard to the social alarm caused by the evictions. But confined to a strict requirement, particularly to families at risk of exclusion due to lack of resources. The intention of the City Council is now extending that protection to all cases. The proposal does not eliminate the tax bottle, but delay payment until the next transmission. That is, do not have to pay the evicted family, but neither the bank. Or at least at the time of execution.
It will do when I sell the house, calculated from the increase in value so far. That also allows not load inks on financial institutions, many of which have already had to be bailed out with money from all citizens. The City "will try that the proposal has retroactive effect to it can benefit people evicted in recent months as well." The impact of the measure "will be virtually nil" for municipal coffers, since the odds of collecting the tribute to the evicted families "is virtually nonexistent."
If in this way achieves extra income, even in years, thanks to the financial capacity of banks, hunky-dory. The City wants tax fix another problem caused by the evictions. The property tax is managed using the registry, which depends on the General Directorate of Land Registry. The City Council is informed of the change of ownership of property by eviction or through the financial institution or the family concerned. If neither one (for interest or incompetence) or the other (for the drama of his situation) does, receipts continue to be charged to the previous owner.
To avoid this, the area of Finance is negotiating with the state a formula that allows you to "have the fastest possible way" of this information. At the head of the General Directorate of Cadastre was from January to October 2012 Rosana Navarro, before the tax office responsible for the City and now secretary general of Regional and Local Coordination.
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