スペインの憲法裁判所は、バスク自治州政府が訴訟した、中央政府による不法移民への公共無料健康保険制度からの排除を、憲法裁判所が判断するまで、停止。
El Tribunal Constitucional avala la atención sanitaria universal
Levanta parte de la suspensión del decreto del Gobierno vasco pero mantiene el copago
María Fabra 17 DIC 2012 - 14:28 CET
La limitación de acceso a la sanidad para los inmigrantes que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy no se aplicará, al menos de momento, en el País Vasco. El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión de parte del decreto con el que el entonces Ejecutivo de Patxi López trató de saltarse los recortes sociales que implicaban las medidas adoptadas desde el Ministerio de Sanidad. Hasta que el Constitucional no sentencie sobre el conflicto de competencias, podrá aplicarse el decreto del Gobierno vasco en este aspecto.
En su auto, el Tribunal Constitucional atiende las alegaciones formuladas por el Gobierno vasco y esgrime que excluir a determinados colectivos de la atención sanitaria supondría poner en riesgo su salud "lo que repercutiría no solo en su estado de salud individual sino en la prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto contagiosas, afectando seriamente a la salud de toda la sociedad".
Sobre el argumento del ahorro, que fue el que esgrimió el Gobierno para limitar la atención sanitaria, el alto tribunal considera que el derecho a la salud "no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico" que, como sostiene, ni siquiera ha sido concretado.
El Gobierno recurrió el decreto del País Vasco ante el Constitucional que, en julio, admitió a trámite el recursos y decretó la suspensión de la decisión del Gobierno autónomo. Sin embargo, ahora, el mismo Constitucional, ante las alegaciones presentadas por el Ejecutivo vasco, ha levantado parte de esa suspensión.
La suspensión que permanece vigente es la relativa al copago farmacéutico contra el que el Gobierno de Euskadi también se había plantado. Pero el Constitucional la mantiene alegando que el planteamiento de los prejuicios que la medida iba a suponer se realizan desde un "carácter marcadamente hipotético", mientras que la Abogacía del Estado aportó datos económicos sobre la evolución del gasto farmacéutico en el País Vasco para justificar la aplicación del copago. En cualquier caso, hasta ahora, en Euskadi no se ha implantado el copago farmacéutico pese al mando del Constitucional.
Del total de 910.342 personas que se quedaron en toda España sin acceso universal a la sanidad, unas 25.000 personas viven en Euskadi.
El auto del Tribunal Constitucional solo hace referencia a la solicitud de levantamiento de la suspensión y no entra en el conflicto de competencias en el que se basó el recurso ante el alto tribunal.
El decreto fue una de las últimas acciones del consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, para garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público. Para ello el acceso se mantenía en todas las personas que residen en Euskadi y se mantenían también los niveles de aportaciones en el pago de medicamentos, además de incorporar la exención de pago a diversos colectivos.
En sus alegaciones, el Gobierno vasco adujo que los inmigrantes son el colectivo "que resulta más afectado por patologías infecciosas", y apuntó que "al quedar sin el apoyo clínico sanitario, supondría un riesgo de contagio para el resto de la población".
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The Constitutional Court supports universal health care
Lift the suspension of the decree of the Basque government but retains the copayment
Mary Fabra 17 DIC 2012 - 14:28 CET
Limiting access to health care for immigrants passed the Government of Mariano Rajoy not apply, at least for now, in the Basque Country. The Constitutional Court has lifted the suspension of the decree by which the Executive then tried to skip Patxi López welfare cuts involving the measures taken by the Ministry of Health. Until the Constitutional sentencing on conflict of jurisdiction applies, the Basque government decree in this regard.
In its order, the Constitutional Court addresses the arguments raised by the Basque Government counters that exclude certain groups of health care would jeopardize their health, "thus affecting not only their individual health status but in the prevention of spread of certain infectious diseases, seriously affecting the health of the whole society. "
On the argument of saving, which was wielded by the government to limit health care, the high court found that the right to health "is not negated by the mere consideration of a possible economic savings", as claimed, or even been finalized.
The government appealed the decree to the Constitutional Basque Country, in July, agreed to process the resources and ordered the suspension of the decision of the autonomous government. But now, the same Constitution, to the allegations made by the Basque, has raised some of that suspension.
The suspension remains in effect is that relating to pharmaceutical copayment against the Basque Government had also planted. But the Constitutional keeps saying that the approach of the prejudices that the measure would entail are made from a "distinctly hypothetical" while the State Bar brought economic data on the evolution of pharmaceutical expenditure in the Basque Country to justify implementation of the copayment. Anyway, so far, in the Basque Country is not implanted pharmaceutical copayment despite the Constitutional command.
Of the 910,342 people who remained in Spain without universal access to health care, about 25,000 people live in Euskadi.
The order of the Constitutional Court refers only to the request to lift the suspension and not within the jurisdictional conflict that was based on an appeal to the high court.
The decree was one of the last actions of the health minister, Rafael Bengoa, to ensure free and universal public health system. This access will be maintained at all persons residing in the Basque Country and also maintained levels of contributions in payment for drugs, as well as incorporating the fee waiver to various groups.
In its submissions, the Basque Government argued that immigrants are the group "is most affected by infectious diseases," and said that "to be without health clinical support, posing a risk of contagion to the rest of the population."
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