World Report 2014
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/european-union?page=3
European Union
Spain
Spain
UN special rapporteur on contemporary forms of racism, Mutuma Ruteere, raised concerns in January about the worsening of the situation of migrants including unemployment, restrictions on access to health care and de facto segregation of migrant neighborhoods, as well as anti-Roma sentiment. In October, CoE Commissioner Muižnieks raised concerns about the impact of budget cuts on vulnerable groups including children and persons with disabilities, and impunity for law enforcement officials for ill-treatment and torture.
Rejecting a bill promoted by civil society calling for mortgage debt cancellation, parliament adopted limited reforms to address the housing crisis in May. The law improves judicial review of mortgage contracts, following a March European Union Court of Justice ruling that existing law violated EU consumer protection rules, slightly broadens the moratorium on evictions, and includes measures to alleviate mortgage debt.
The national ombudsperson called on the police in May to introduce stop forms recording ethnicity, race and/or nationality and the reason for the identity check. In June the central government representative in Lleida, Catalonia, stated that police applied ethnic criteria when conducting immigration-related stops.
In October, a judge in Argentina exercised universal jurisdiction and requested extradition of two former Franco regime officials for torture. In November, the UN Committee on Enforced Disappearances urged Spain to investigate all enforced disappearances regardless of when they were committed, and concluded that incommunicado detention breaches the prohibition of secret detention under the UN Convention on Enforced Disappearance.
In February, Spain’s Supreme Court annulled the Lleida, Catalonia, city ordinance banning full-face veils, saying it violated freedom of religion. The regional government announced its intention in July to prohibit face coverings in public on security grounds, while news emerged in August that Catalonia police were collecting data on women wearing the full-face veil.
The CPT expressed concerns in April about allegations of ill-treatment of incommunicado terrorism-suspects and of people in police custody, and prison conditions. The committee also criticized the “prison-like” atmosphere in immigration detention centers.
In October, the ECtHR upheld its 2012 ruling that retroactive lengthening of prison sentences, limiting eligibility for parole for people convicted of terrorism offenses, violated fair trial standards. By mid-November, 31 prisoners—24 of them ETA members—had been released in compliance with the ruling.
The Interior Ministry reported in September that almost 3,000 migrants attempted to enter the Spanish enclave of Melilla since January, almost double the number in the same period in 2012. Over three-quarters were prevented from entering, amid allegations that Spanish law enforcement officials summarily returned migrants to abuse at the hands of Moroccan police.
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España
Relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo , Mutuma Ruteere , expresó su preocupación en enero sobre el empeoramiento de la situación de los migrantes , incluyendo el desempleo, las restricciones al acceso a la atención sanitaria y la segregación de facto de los barrios de migrantes , así como contra los romaníes sentimiento. En octubre, el Consejo de Europa Comisionado Muižnieks expresó su preocupación por el impacto de los recortes presupuestarios en los grupos vulnerables , incluidos los niños y las personas con discapacidad, y la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para los malos tratos y la tortura.
Al rechazar un proyecto de ley promovido por la sociedad civil pidiendo la cancelación de la deuda hipotecaria , el Parlamento aprobó reformas limitadas para hacer frente a la crisis de vivienda en mayo. La ley mejora la revisión judicial de los contratos hipotecarios , a raíz de un Tribunal de la Unión Europea de marzo de Justicia dictaminando que la ley existente viola las normas de protección de los consumidores de la UE , se amplía ligeramente la moratoria sobre los desalojos , e incluye medidas para aliviar la deuda hipotecaria .
El ombudsman nacional pidió a la policía en mayo a introducir formas detener la grabación de la etnia, la raza y / o nacionalidad y el motivo de la comprobación de la identidad. En junio, el representante del gobierno central en Lleida , Cataluña, declaró que la policía aplican criterios étnicos cuando se realizan paradas relacionadas con la inmigración .
En octubre, un juez en Argentina ejerce la jurisdicción universal y solicita la extradición de dos ex funcionarios del régimen de Franco para la tortura. En noviembre, el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas instó a España para investigar todas las desapariciones forzadas , independientemente de cuándo se hayan cometido , y concluyó que el régimen de incomunicación viola la prohibición de la detención secreta bajo la Convención de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.
En febrero, el Tribunal Supremo de España anuló la de Lérida, Cataluña , ordenanza municipal que prohíbe el velo integral , diciendo que violaba la libertad de religión . El Gobierno regional anunció su intención en julio para prohibir las cubiertas de la cara en público por razones de seguridad , mientras que las noticias surgió en agosto de que la policía de Cataluña estaban recogiendo datos sobre las mujeres que usan el velo integral .
El CPT expresó su preocupación en abril sobre las denuncias de malos tratos a los sospechosos de terrorismo en régimen de incomunicación y de las personas detenidas por la policía , y las condiciones de la prisión. El comité también criticó a la atmósfera " carcelario " en los centros de detención de inmigrantes .
En octubre, el Tribunal de Derechos Humanos confirmó su sentencia de 2012, que retroactiva alargamiento de las penas de prisión , lo que limita la elegibilidad para la libertad condicional para los condenados por delitos de terrorismo , violó las normas sobre juicios justos. A mediados de noviembre , de ellos, habían sido puestos en libertad los miembros de 31 presos de ETA - 24 en cumplimiento de la sentencia .
El Ministerio del Interior informó en septiembre que casi 3.000 inmigrantes intentaron entrar en el enclave español de Melilla desde enero, casi el doble del número en el mismo periodo de 2012 . Más de tres cuartas partes fueron impedidos de entrar, en medio de acusaciones de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en España sumariamente devueltos los migrantes a los abusos a manos de la policía marroquí .
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