MANIFIESTO POR LA PRESERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS COSTEROS
MANIFESTO FOR THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF COASTAL AREAS in Spain
En mayo de 2006, en pleno auge inmobiliario, se dio a conocer el manifiesto
Por una nueva
cultura del territorio.
En el texto, que recibió el apoyo del Colegio de Geógrafos y de la
Asociación de Geógrafos Españoles, del Consejo General de los Colegios de Arquitectos y de
numerosas personas a título individual, se advertía de los riesgos ambientales, económicos y
sociales que entrañaba la depredación del territorio, el abuso de los recursos naturales, la
ocupación acelerada del suelo y la degradación del paisaje. Ante esta deriva, el manifiesto
propugnaba una mayor sensibilización y movilización ciudadana que llevara a los poderes
públicos a impulsar una ordenación del territorio acorde con criterios de sostenibilidad
ambiental, respeto a los valores del paisaje, contención en la ocupación de suelo, racionalidad
en la provisión de infraestructuras, ahorro en el uso de los recursos naturales y cohesión social.
Desgraciadamente, buena parte de los riesgos enunciados en 2006 son hoy evidentes. Así, la
sociedad española debe hacer frente ahora a una crisis económica gravísima, cuyo origen se
encuentra en buena medida en el desaforado desarrollo urbanístico y, en particular, en la
expansión del sector inmobiliario en el período 1996-2007. Dicha expansión, después de
producir cantidades ingentes de edificaciones y de consumir suelo a razón de 30.000 ha/año,
ha dejado un stock muy grande de viviendas vacías, que diversas estimaciones evalúan entre
dos y seis millones, un nivel de endeudamiento familiar sin precedentes, y la paradoja de que
el acceso a la vivienda resulta ahora aún más difícil para sectores amplísimos de la población.
Además, se han generado millones de metros cuadrados de suelo industrial sin ocupar,
paisajes urbanos desolados y costosos equipamientos e infraestructuras de muy dudosa
utilidad. Los efectos muy negativos que todo ello está teniendo en la evolución del empleo, la
estabilidad de la economía española y la solvencia de las administraciones públicas son
incuestionables. Sus secuelas ambientales, urbanísticas, paisajísticas y sociales pesarán
durante décadas sobre la sociedad española.
Ahora bien, la crisis actual pone sobre la mesa la necesidad perentoria de reconsiderar, desde
el punto de vista científico, ciudadano y político algunas de las prácticas en el uso del territorio
que se han ido asentando en nuestro país durante el último medio siglo. Así, la crisis puede
considerarse también una oportunidad para repensar, de manera prudente y sosegada,
asuntos como el uso del suelo, la gestión del agua, la preservación del paisaje, la provisión de
infraestructuras y, en concreto, la ordenación de los espacios litorales. Los mismos promotores
del manifiesto
Por una nueva cultura del territorio difundieron en febrero de 2009 un nuevo
escrito dirigido a la opinión pública con el título
Territorio, urbanismo y crisis, en el que se
señalaba que así como de la crisis de 1929 habían surgido las políticas keynesianas y con ellas
el Estado del Bienestar, de la presente debe resultar el compromiso por un Planeta más
solidario y sostenible, basado en los
Objetivos del Milenio (julio de 2002), enunciados por
Naciones Unidas y recientemente reforzados en el documento de la misma organización,
Gente resiliente en un planeta resiliente
(enero de 2012).
En este contexto, como profesionales dedicados al estudio y la gestión del territorio,
consideramos una obligación reaccionar ante los anuncios del Gobierno de España de cambiar
radicalmente lo establecido por la Ley de Costas de 1988. Nuestro objetivo es promover un
debate público sobre esta cuestión y aportar argumentos desde nuestra condición de
expertos. En este sentido, consideramos que la propuesta gubernamental, lejos de introducir
mayor racionalidad en la gestión de los espacios litorales reincidirá, según nuestro criterio, en
muchos de los errores ya cometidos. En caso de prosperar, afectaría muy negativamente al
conjunto del litoral español y en especial a las áreas costeras que aún conservan valores
naturales destacados. Ante esta perspectiva, que produciría una significativa pérdida en
términos económicos y de calidad ambiental para residentes y visitantes, deseamos destacar
varios aspectos a tener en cuenta cuando se debata y decida sobre la modificación de la Ley de
Costas de 1988.
·
La riqueza y fragilidad del litoral. El medio litoral constituye un espacio caracterizado
por una muy alta fragilidad y un elevado dinamismo natural al tratarse de la interfase
donde confluyen procesos que tienen su origen en la atmósfera, litosfera, hidrosfera y
biosfera. Estas circunstancias explican su elevada productividad biológica y su alto
valor ecológico. Sus potencialidades para la localización de infraestructuras, así como
su atractivo paisajístico, como espacio residencial y como base territorial del turismo,
ha hecho que este espacio se encuentre sometido a notables presiones que ha
comportado la artificialización y privatización de extensas franjas costeras. La Ley de
Costas de 1988, al margen de su desigual aplicación, ha supuesto un nuevo enfoque
que persigue restituir el equilibrio ecológico del medio litoral al deslindar un Dominio
Público Marítimo Terrestre (DPMT) ampliado a dunas y acantilados, lo que ha
garantizado, con las lógicas cautelas de protección, el acceso público y el disfrute de
todos los ciudadanos ¿Podríamos imaginar la situación de nuestras costas tras el
proceso urbanizador de las últimas décadas sin este instrumento normativo?
·
La necesidad de firmeza en la protección de las costas. La Ley de Costas fue
innovadora en muchos aspectos, pero quizás el de mayor trascendencia derive de
otorgarle el valor de acto aprobatorio al deslinde que declara la titularidad demanial a
favor del Estado. Se invierte así la regla consagrada de prevalencia de la posesión
particular amparada por el Registro de la Propiedad, que obligaba al Estado a
reivindicar los terrenos afectados, por la contraria, que prima el carácter público del
llamado dominio natural. En la actualidad se ha procedido al deslinde del DPMT en el
95% de la costa española. Aunque ha supuesto un elevado número de litigios, la
ampliación del DPMT, con la incorporación de dunas de origen litoral y acantilados en
contacto con la ribera del mar, ha constituido una apuesta decidida a favor del
equilibrio ecológico y sedimentario de la costa, especialmente de las playas y, de facto,
una cautela importante ante posibles riesgos naturales (erosión, inundación,
desplomes, etc.) y una efectiva protección de amplios sectores costeros que
disfrutamos todos los ciudadanos.
·
El refuerzo de la protección de riesgos en las áreas costeras. La localización de
edificaciones, infraestructuras y actividades económicas con carácter permanente en
buena parte de los espacios costeros supone exponer a personas y bienes a riesgos
naturales crecientes. En efecto, la ocupación de la costa ha comportado ya en el
pasado agudos problemas a la hora de garantizar la seguridad de los bienes ubicados
en ella a causa de la urbanización indebida de áreas vulnerables por variaciones de la
línea de costa, procesos de regresión deltaica o exposición a fenómenos
meteorológicos adversos extremos. Las proyecciones a medio y largo plazo subrayan el
incremento de los riesgos de inundación costera, debido a las variaciones en la
dinámica marina, (con fenómenos extremos recurrentes y agudos), así como al
ascenso del nivel medio del mar asociado al proceso de cambio climático. Las
administraciones públicas no pueden ignorar esta realidad y estos escenarios
científicos sin incurrir en graves responsabilidades de carácter económico, social y
moral.
·
La exigencia de la calidad del litoral como factor de competitividad económica. A
todo ello hay que añadir que un litoral bien gestionado, de acuerdo con lo expuesto
hasta aquí, además de salvaguardar y potenciar elementos, procesos y paisajes de
notable valor e interés estratégico, y evitar o prevenir riesgos ambientales, incorpora
un valor añadido cada vez más demandado a los productos y servicios de las áreas
costeras, en particular a los turísticos, muy importantes para la economía española y
cuya competitividad radica de forma cada vez más clara en aspectos cualitativos como
la calidad paisajística y la identidad del lugar. La gestión sostenible del territorio
costero es ciertamente una obligación social y ambiental, pero resulta también un
apremiante imperativo económico, porque conservación y sostenibilidad económica
no son dos asuntos complementarios sino dos caras de la misma realidad. No
conservar constituye una agresión social, que finalmente se paga con recortes o más
presión fiscal una vez que se derrumba el modelo de crecimiento basado en la
depredación de los recursos.
·
La privatización de la costa es una pérdida colectiva. La vigente Ley de Costas excluye
la posibilidad de propiedad privada en el DPMT, aunque posibilite usos más o menos
privativos por un tiempo limitado bajo el amparo de autorizaciones y concesiones. Esta
es una tradición administrativa y legislativa que ha prevalecido en España frente a
otras más privatistas que rompen de lleno con la usanza de uso y dominio público,
abierto y en el que actividades como pasear, bañarse o contemplar el paisaje, son
esenciales y no presuponen necesariamente actividad económica alguna. Privatizar el
DPMT es perderlo de forma irreversible para la colectividad.
·
La degradación del DPMT compromete su condición de bien común. Cuando desde el
Gobierno se habla de “fomento de la desafectación de espacios del dominio público
que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus características
naturales” (medida 50 de las 66 presentadas por el Ministro de Agricultura y Medio
Ambiente en el Congreso de los Diputados), se podría estar fomentando la
degradación de los espacios costeros en pos de su privatización. En particular, se está
abriendo la puerta a que infraestructuras ubicadas en dominio público, y que deberían
ser plenamente revertidas a éste una vez acabada la correspondiente concesión, no
sólo no lo hagan sino que el camino se recorra en sentido inverso, incorporando el
dominio público que acoge la infraestructura al dominio plenamente privado. Si se
desafecta el DPMT sobre el que se ubican las actuales infraestructuras, éstas ya no
podrán ser devueltas al dominio público cuando finalice la concesión; por el contrario,
podrán ser totalmente privatizadas. Es el caso, entre otros, de los puertos deportivos
que concluyan sus concesiones. La privatización por desafectación del dominio público
conducirá, inexorablemente, al disfrute del mismo por una pequeña parte privilegiada
de la sociedad, pues la iniciativa privada buscará, con toda lógica, la máxima
rentabilidad de sus negocios sin atender al interés social que el dominio público
presupone. La propuesta no tiene en cuenta ni la fórmula que se ha dado a las zonas
de monte incendiadas (prohibición de reclasificación y calificación urbanísticas por un
amplio período de tiempo), ni tampoco a la (conforme al Derecho europeo) alteración
o desclasificación de espacios naturales protegidos, que requiere la acreditación (para
evitar las acciones espurias) de que la degradación se ha producido por evolución
natural (acreditación mediante estudios científicos).
·
La indeclinable responsabilidad del Estado en la preservación de la Costa. Desde hace
tiempo la Unión Europea viene reclamando a los Estados-miembro una más ambiciosa
y coherente política de gestión integrada de las zonas costeras. La Administración
General del Estado dispone de amplias competencias y capacidades para impulsar
iniciativas que den contenido a los principios de coordinación, cooperación y
coherencia de las políticas de ordenación y gestión de la costa. Concretamente, tiene
en su mano la posibilidad de hacer efectivo el principio de coordinación, tal y como lo
entiende la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y de impulsar también
todo tipo de figuras de cooperación con Comunidades Autónomas y gobiernos locales.
De esa manera, se podría actuar considerando la franja costera como una unidad
geográfica de gestión, atendiendo así las directrices de la Unión Europea en materia de
Gestión Integrada de Zonas Costeras. Sin embargo, los anuncios de los máximos
responsables ministeriales no sólo no expresan la voluntad política de seguir
progresando en la gestión integrada y la coherencia territorial de las políticas, sino
que muestran la determinación de desandar gran parte del recorrido realizado. De ese
modo, se contravienen las orientaciones de la propia Unión Europea y se desoyen las
opiniones de los expertos, sentándose las bases de una regresión sin precedentes en la
gestión sostenible de la costa.
·
El cumplimiento de los compromisos internacionales relativos al litoral. El gobierno
debe mantener los compromisos internacionales suscritos por España y en vigor, como
el reciente Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras (elaborado
en Madrid en enero de 2008 y ratificado en marzo de 2011), en el que se establece
que estas constituyen un recurso ecológico, económico y social irremplazable”; el
Convenio Europeo para la protección, gestión y ordenación del Paisaje (firmado en
Florencia en octubre de 2000 y en vigor desde mayo de 2008) y de aplicación a “las
zonas terrestres, marítimas y a las aguas interiores”; la Carta Europea de Ordenación
del Territorio, aprobada en Torremolinos en 1983, que entre sus “objetivos
particulares” exige una política específica para las áreas costeras de modo que se
asegure su desarrollo equilibrado y la protección del medio ambiente ; así como la
Carta Europea del Litoral, aprobada en Creta en 1981, que en su apartado primero
considera que esta parte del territorio “juega un papel esencial para la vida humana”.
Actuar en sentido contrario supondría aislarnos de las mejores iniciativas que han sido
impulsadas desde el contexto europeo en el que estamos insertos.
·
La situación de la costa no admite involución normativa. Las consideraciones
anteriores permiten valorar la iniciativa del Gobierno Español relativa a la modificación
de la Ley de Costas de 1988 como una actuación involucionista y como un verdadero
retroceso en la protección de la naturaleza y en los objetivos de sostenibilidad
universalmente compartidos. Frente a dicho propósito resulta imprescindible recordar
que el Parlamento Europeo ha aprobado el 29 de septiembre de 2011 una resolución
de “posición común” relativa a la Conferencia de Naciones Unidas “Rio +20” (junio de
2012) donde se destaca que “el desarrollo sostenible debe ponerse en primer término
en todos los procesos y políticas de la UE” y se pide la aplicación del “reconocimiento
del principio de no regresión en el contexto de la protección del medio ambiente y de
los derechos fundamentales“. Actuar en sentido contrario, aparte de una enorme
temeridad, sería incongruente y opuesto a los acuerdos explícitos con los que se ha
comprometido los europeos a través de su Parlamento.
·
La protección del litoral es una obligación moral. No es moralmente defendible
favorecer intereses privados a costa de los bienes públicos. No es políticamente
sostenible la defensa de intereses particulares en detrimento del interés general.
Quienes tienen la obligación constitucional de proteger, preservar e impulsar políticas
que respondan a una nueva cultura del territorio, hoy indiscutible en países
desarrollados y en sociedades cultas, anuncian iniciativas que van a acentuar la
degradación, la fragmentación sectorial, la desregulación y prácticas tan insostenibles
como indefendibles en foros cívicos o políticos de cualquier país desarrollado. Avanzar
en la línea de la privatización, de hecho o de derecho, es apostar por una política de
tierra quemada que, una vez agotada, implicará enormes costes de reparación que
recaerán sobre las espaldas de todos. Los bienes comunes, como el DPMT, no pueden
quedar a merced de los derechos privados pues su gestión es estratégica y su
reparación costosísima.
Relación de profesores promotores del Manifiesto
Salvador Antón, Catedrático de Análisis Geográfico Regional y director de la Escuela
Universitaria de Turismo y Ocio de la Universidad Rovira i Virgili.
Eugenio Burriel, Catedrático de Geografía Humana de la Universitat de València
Carmen Delgado, profesora Titular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad
de Cantabria.
Dr. Josep-Maria Gili, Profesor de Investigación. Dept. Biología Marina y Oceanografía,
Institut de Ciències del Mar (CSIC)
Javier Martín-Vide, Catedrático de Geografía Física y presidente de la Asociación de
Geógrafos Españoles.
Rafael Mata, Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Autónoma
de Madrid.
Ángel Menéndez Rexach, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Guillermo Morales, Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad
Carlos III.
Oriol Nel·lo, profesor Titular de Geografía Humana de la Universidad Autònoma de
Barcelona.
José Ojeda, Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Sevilla.
Luciano Parejo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III
Joan Romero, Catedrático de Geografía Humana de la Universitat de València.
Onofre Rullan, Catedrático de Análisis Geográfico Regional y presidente del Grupo de
Geografía Urbana de la AGE. Universitat de les Illes Balears
Joan Subirats, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Barcelona
Fernando Vera, Catedrático de Análisis Geográfico Regional y director de la Escuela de
Turismo de la Universidad de Alicante.
Florencio Zoido, Catedrático de Análisis Geográfico Regional y director del Centro de
Estudios Paisaje y Territorio. Universidad de Sevilla
***********************************************************************************
MANIFESTO FOR THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF COASTAL AREASIn May 2006, in the housing boom, was released the manifesto for a newterritorial culture. In the text, which was supported by the Association of Geographers and theAssociation of Spanish Geographers, the General Council of the College of Architects andmany private individuals, to warn of the environmental risks, economic andsocial predation territory involved, the abuse of natural resources,occupation accelerated soil and landscape degradation. Given this drift, the manifestocalled for greater awareness and mobilization to take those powerspromote a public land management in line with sustainability criteriaenvironmental respect landscape values, containment in the occupation of land, rationalityin the provision of infrastructure, savings in the use of natural resources and social cohesion.Unfortunately, much of the risks set forth in 2006 are now evident. Thus, theSpanish society is now facing a grave economic crisis, whose originsstill largely in the huge urban development and, in particular in theexpansion of the real estate sector in the period 1996-2007. This expansion, afterproduce massive amounts of building and consuming soil at a rate of 30,000 ha / year,has left a very large stock of empty homes, which assesses various estimates betweentwo six million, a level unprecedented household debt, and the paradox thataccess to housing is now more difficult for very broad sectors of the population.In addition, they have generated millions of square meters of industrial land unoccupied,desolate cityscapes and costly equipment and infrastructure of dubiousutility. Very negative effects that all this is having on the evolution of employment,Spanish economic stability and solvency of the government areunquestionable. Their environmental consequences, urban, landscape and social weighedfor decades on Spanish society.However, the current crisis on the table the urgent need to reconsider, sincethe scientific point of view, some of popular and political practices in land usethat have settled in our country during the last half century. Thus, the crisis mayconsidered an opportunity to rethink, in a careful and calm,issues such as land use, water management, preservation of the landscape, providinginfrastructure and in particular the management of coastal areas. The promotersmanifest for a new territorial culture disseminated in February 2009 a newwriting to the public under the title Planning, planning and crisis, in whichnoted that as of the 1929 crisis had arisen Keynesian policies and with themthe welfare state, to this must be a commitment by a planet moresupportive and sustainable, based on the Millennium Development Goals (July 2002), enunciated byUnited Nations and recently reinforced in the document of the same organization,Resilient people on a planet resilient (January 2012).In this context, as professionals dedicated to the study and management of the territory,feel an obligation to react to the announcements of the Government of Spain to changeradically the provisions of the Coastal Act of 1988. Our goal is to promote apublic debate on this question and provide arguments from our conditionexperts. In this regard, we believe that the government proposal, far from introducingmore rational management of coastal areas repeat such an offense, in our opinion, inmany of the errors already committed. If successful, highly damaging toentire Spanish coast and especially to coastal areas that still have valuenatural highlights. In this perspective, it would produce a significant loss inboth economic and environmental quality for residents and visitors, we wish to highlightseveral aspects to consider when debating and decide on amendments to the ActCosts 1988.· The richness and fragility of the coast. The coastal environment is an area characterizedby a very highly fragile and highly dynamic nature of the interface to beconfluence processes that originate in the atmosphere, lithosphere, hydrosphere andbiosphere. These circumstances explain their high biological productivity and highecological value. Their potential for the location of infrastructure andits attractive landscape, such as residential space and land based tourism,has made this space is subjected to considerable pressure hasartificiality and privatization involved the extensive coastlines. The ActCostas, 1988, regardless of its uneven application, represents a new approachwhich seeks to restore the ecological balance of the coastal environment to demarcate a DomainPublic Shoreline (DPMT) extended to dunes and cliffs, which hasguaranteed, with the logical security safeguards, public access and enjoyment ofall citizens Could we imagine the situation from our shores after theurbanization process in recent decades without this policy instrument?· The need for firmness in coastal protection. The Coastal Act wasinnovative in many ways, but perhaps the most significant resulting fromgive the value of approving the act declaring the ownership demarcation demanial tothe State. Is reversed and the prevalence honored rule of possessionparticularly protected by the Land Registry, which required the State toreclaim land affected by the contrary, that the public nature of rawcalled natural domain. Today we have proceeded with the demarcation of DPMT in95% of the Spanish coast. Although there has been a large number of litigation,DPMT expansion with the addition of coastal dunes and cliffs origincontact the seashore, has been a firm commitment in favor ofecological balance and sediment of the coast, especially the beaches and, de facto,an important caution to potential natural hazards (erosion, flooding,crashes, etc..) and a large effective protection of coastal areasenjoyed by all citizens.· Strengthening the protection of risk in coastal areas. The location ofbuildings, infrastructure and economic activities permanently inmuch of coastal areas is to expose people and property at riskincreasing natural. Indeed, the occupation of the coast has led already in theLast acute problems in ensuring the safety of the property locatedin it due to improper development of vulnerable areas by changes in theshoreline, deltaic regressive processes or exposure to phenomenaadverse weather extremes. The projections in the medium and long term stress theincreased risks of coastal flooding due to variations in themarine dynamics (with recurrent and severe extreme events) and therise of sea level associated with climate change process. Thegovernment can not ignore this reality and these scenariosscientists without incurring grave responsibilities in economic, social andmoral.· The requirement for the quality of the coastline as a factor of economic competitiveness. Aall this we must add that a well managed coast, according to the abovefar, in addition to safeguarding and promoting elements, processes and landscapessignificant strategic value and interest, and avoid or prevent environmental risks, incorporatesadded value increasingly in demand for products and services in areascoastal tourism in particular, very important for the Spanish economy andwhose competitiveness lies in an increasingly clearer qualitative aspects such asthe landscape quality and identity of the place. Sustainable land managementCoastal is certainly a social and environmental obligations, but it is also acompelling economic imperative, for conservation and economic sustainabilitytwo issues are not complementary but two sides of the same reality. Notconservation is a social aggression, which ultimately is paid with cuts or moretax burden that falls apart once the model of growth based onresource depletion.· The privatization of the coast is a collective loss. The current Coastal Act excludesthe possibility of private property in the DPMT, but uses more or less enableproprietary for a limited time under the protection of authorizations and concessions. Thisis an administrative and legislative tradition that has prevailed in Spain againstprivatistic others that break completely with the manner of use and public domainopen and in which activities such as walking, bathing or contemplate the landscape, areessential and not necessarily presuppose any economic activity. Privatizing theDPMT is irreversibly lose it for the community.· DPMT degradation jeopardizes their status as good. When from theGovernment speaks of "promoting the reversal of public domain spacesthat no longer require special protection for losing their characteristicsnatural "(as 50 of the 66 presented by the Minister of Agriculture and theEnvironment in the House of Representatives), it could be encouraging thedegradation of coastal areas after privatization. In particular, it isopening the door for infrastructure located in public domain, and shouldto be fully reversed once it finished the corresponding concession, nonot only do it the way you scroll in the opposite direction, incorporating thepublic domain that hosts the infrastructure to fully private domain. Ifdisaffects the DPMT that are located on existing infrastructures, these no longermay be returned to public domain when the grant ends, on the contrary,will be fully privatized. This applies, among others, marinasconclude their concessions. Privatization of public disaffectionlead inexorably to the enjoyment of it by a small privilegedsociety, as private enterprise search, logically, with a highprofitability of their business without regard to the interests that the public domainpresupposes. The proposal does not take into account either the formula that has been given to areasof forest burned (prohibition of urban reclassification and qualification forextended period of time), nor to the (under European law) alterationor declassification of protected natural areas, requiring authorization (foravoid spurious actions) that degradation has occurred through evolutionnatural (accreditation by scientific studies).· The unavoidable responsibility of the State in the preservation of the Coast. Fortime the European Union's calls to member states a more ambitiouscoherent policy and integrated management of coastal areas. ManagementState General has wide powers and capabilities to driveinitiatives to give substance to the principles of coordination, cooperation andpolicy coherence management and coastal management. Specifically, itin his hand the possibility of implementing the principle of coordination as itmeans the settled law of the Constitutional Court, and also promoteall kinds of figures of cooperation with regional governments and local governments.Thus, it could act considering the coastline as a unitgeographic management, thus meeting the European Union directives regardingIntegrated Coastal Zone Management. However, ads for the maximumministerial responsibility not only express the political will to continueprogress in integrated and territorial coherence of policies, butshowing the determination to retrace much of the route taken. In thisThus, contradictory to the guidelines of the European Union itself are neglected theexpert opinions, laying the foundations for a regression without precedent in thesustainable management of the coast.· Compliance with international commitments on the coast. The governmentmust maintain international commitments signed by Spain and in force, asthe recent Protocol on integrated coastal zone management (developedin Madrid in January 2008 and ratified in March 2011), establishingthey constitute an important ecological, economic and social irreplaceable, "theEuropean Convention for the protection, management and Landscape (signed inFlorence in October 2000 and in force since May 2008) and apply to "theland areas, sea and inland waters, "the European Charter ManagementPlanning, adopted at Torremolinos in 1983, that its "objectiveIt "requires a specific policy for coastal areas so as toensure balanced development and environmental protection as well as theEuropean Coastal Charter, adopted in Crete in 1981, which in the first paragraphconsiders that this part of the territory "plays an essential role in human life."Acting in the opposite direction would isolate us from the best initiatives that have beenpromoted by the European context in which we operate.· The situation of the coast does not support devolution legislation. Considerationsabove allow estimation of the initiative of the Spanish Government on the amendmentof the Coastal Act of 1988 as a performance and as a true involutionarydecrease in the protection of nature and sustainability goalsuniversally shared. Faced with this purpose is essential to rememberThe European Parliament has approved the September 29, 2011 a resolutionof "common position" on the United Nations Conference "Rio +20" (June2012) which stresses that "sustainable development should be primarilyin all processes and policies of the EU "and called for the implementation of the" recognitionthe principle of non regression in the context of environmental protection andfundamental rights. " Act to the contrary, apart from a hugerecklessness, it would be incongruous and contrary to explicit agreements that have beenEuropeans committed through its Parliament.· Coastal protection is a moral obligation. It is not morally defensiblepromote private interests at the expense of public goods. It is not politicallysustainable defense of particular interests to the detriment of general interest.Those who have the constitutional obligation to protect, preserve and promote policiesrespond to a new culture of the territory, now undisputed in countriesdeveloped and learned societies, announced initiatives that will accentuate thedegradation, fragmentation sector, deregulation and so unsustainable practicesas indefensible in civic or political forums of any developed country. Advancein line with the privatization, in fact or in law, is to go for a policy ofscorched earth, once exhausted, will involve huge costs of repairfall on the shoulders of all. The commons, like DPMT can notbe at the mercy of private rights as a strategic management andcostly repair.List of teachers promoters ManifestoSalvador Anton, Professor of Regional Geographic Analysis and director of the SchoolOf Tourism and Leisure, University Rovira i Virgili.Burriel Eugene, Professor of Human Geography at the University of ValenciaCarmen Delgado, Professor of Regional Geographic Analysis, UniversityCantabria.Dr. Josep-Maria Gili, research professor. Dept. Marine Biology and Oceanography,Sea Sciences Institute (CSIC)Javier Martín-Vide, Professor of Physical Geography and president of the AssociationSpanish Geographers.Rafael Mata, Professor of Regional Geographic Analysis of the Autonomous UniversityMadrid.Angel Menendez Rexach, Professor of Administrative Law at the UniversityAutónoma de Madrid.Guillermo Morales, Professor of Regional Geographic Analysis, UniversityCarlos III.Oriol Nel · lo, Professor of Human Geography at the Autonomous University ofBarcelona.Jose Ojeda, Professor of Geography at the University of Seville.Luciano Parejo, Professor of Administrative Law at the University Carlos IIIJoan Romero, Professor of Human Geography at the University of Valencia.Rullan Onofre, Professor of Regional Geographic Analysis and Chairman of the GroupUrban Geography of AGE. Universitat de les Illes BalearsJoan Subirats, Professor of Political Science at the Autonomous University ofBarcelonaFernando Vera, Professor of Regional Geographic Analysis and director of the School ofTourism at the University of Alicante.Florencio Zoido, Professor of Regional Geographic Analysis and director of the CenterLandscape Studies and Planning. University of Seville
沿岸域の保全と管理のマニフェスト2006年5月に、住宅ブームで、新しいのためのマニフェストを発表しました領土の文化。地理学会でサポートされたテキスト内のスペインの地理学会、建築学部の一般理事会と多くの個人、環境リスクを警告するために、経済的、社会的な捕食領域が関与し、天然資源の乱用、職業は、土壌や景観の劣化を加速させた。このドリフトは、マニフェスト与えられたその力を取ることをより意識し、動員のために呼ばれる持続可能性基準に沿った公共土地管理を促進する環境尊重の風景値、土地の占領に封じ込め、合理性インフラの整備、天然資源と社会的結束の使用削減できます。残念なことに、多くの2006年に定めのリスクは明らかである。したがって、スペインの社会は今、その起源は深刻な経済危機に、直面しているまだ大部分は巨大な都市開発と、特にで期間1996-2007の不動産部門の拡大。この拡張は、後、30,000 ha /年の割合で建物と消費土壌の大量の生成間の様々な推定値を評価する空の家の非常に大規模な株式を、残っている2つの6百万円、レベル前例のない家計の借金と、パラドックスそのハウジングへのアクセスは、人口の非常に広い分野のために今より困難である。さらに、彼らは、空いている工業用地の平方メートル数百万を生成した荒涼とした町並みと疑わしいの高価な機器やインフラユーティリティ。すべてこれは、雇用の進化に抱えていることは非常にマイナスの影響政府のスペイン経済の安定とソルベンシーです。疑う余地のない。それらの環境への影響、都市、風景と社会を秤量スペインの社会に何十年もの間。テーブルの上にしかし、現在の危機再考する緊急の必要性、以来、科学的見地、土地利用の普及と政治的実践の一部それは、過去半世紀の間に私達の国に定住している。したがって、危機は5月、慎重かつ冷静で、再考する機会を検討そのような土地利用、水管理、景観の保全、提供するなどの問題インフラ、特に沿岸地域の管理。プロモーター新しい2009年2月に播種新しい領土の培養のためのマニフェストこれで、タイトルの企画、計画、危機下の公共への書き込み1929年の危機としてのケインズ政策を生じたことに留意し、それらとこれには福祉国家は、より多くの惑星によるコミットメントでなければなりません支持し、持続可能な、ミレニアム開発目標（2002年7月）に基づいて、で言明国連や、最近、同じ組織の文書に強化、惑星の弾力性で弾力性のある人（2012年1月）。この文脈では、領土としての研究と管理に特化の専門家、変更するには、スペイン政府の発表に反応する義務を感じる1988年の海岸法の根本的に規定。私たちの目標は、促進することである公共のこの問題について議論し、私たちの条件から引数を提供する専門家。この点に関し、我々は、政府の提案は、遠くからの導入と信じている沿岸地域のより合理的な管理で、我々の意見では、そのような犯罪を繰り返すすでにコミットエラーの多くは。成功した場合、非常に損傷スペインの海岸全体、特に、まだ値を持っている沿岸地域に自然なハイライト。このような観点では、それは大きな損失を生み出すだろう住民や観光客のために経済と環境の質の両方の、我々は強調したい法改正で議論する際に考慮すべきと決定するいくつかの側面コスト1988。海岸·豊かさともろさ。沿岸環境は、特徴領域です。するインターフェイスの非常に非常に壊れやすく、非常に動的な性質により、大気に由来する合流プロセス、リソスフェア、水圏と生物圏。このような状況では、その高い生物生産性と高を説明する生態系の値を返します。インフラストラクチャーの位置については、その潜在的なとそのような居住空間と陸上観光など魅力的な風景、このスペースが相当な圧力にさらされるていてきました人工と民営化は大規模な海岸線を含んだ。法コスタス、1988年に関係なく、不均一なアプリケーションの、新しいアプローチを表すドメインの境界を定める沿岸環境の生態系のバランスを回復しようとしている持って砂丘と崖に拡張公共海岸線（DPMT）の論理的なセキュリティ保護、パブリックアクセスと楽しみで、保証すべての市民が我々は後に海岸から状況を想像でした。この政策手段なしで、最近の数十年で都市化のプロセス？·沿岸保護の硬さの必要性。海岸法があったから生じる多くの点で革新的な、おそらく最も重要なにdemanial所有権の境界を宣言する行為を承認する値を与える状態。逆に、所有の有病率は名誉のルールです特に国家を必要と土地登記によって保護さ生の公共性に反しによって影響を受ける土地を取り戻す自然のドメインと呼ばれる。今日はでDPMTの境界を進めていますスペインの海岸の95％。訴訟の多数があったが、海岸の砂丘や崖起源の添加DPMT拡大海岸に連絡して、賛成の確約されている生態系のバランスと海岸の堆積物、特にビーチや、事実上の、潜在的な自然災害への重要な注意（浸食、洪水、クラッシュ、等。）と沿岸地域の大規模な効果的な保護すべての市民が楽しんだ。·沿岸地域でリスクの保護を強化。の場所恒久的な建物、インフラ、経済活動の沿岸地域の多くが危険にさらされる人々と財産を公開することです自然増加します。確かに、海岸の職業は、既につながっている位置して財産の安全を確保するための最後の深刻な問題その中の変化によって脆弱な地域の不適切な開発のために海岸線、デルタ退行のプロセスや現象への暴露悪天候の極端な。中長期的ストレスの予測の変動による沿岸洪水のリスクの増大海洋力学（再発、重度の極端現象）と気候変動プロセスに関連付けられている海面の上昇。ザ政府はこの現実と、これらのシナリオを無視することはできませんに重大な責任を負うことなく、科学者、経済、社会、道徳。·経済競争力の要因として、海岸線の品質の要件。 Aこのすべては、我々は上記によると、その管理の行き届いた海岸を追加する必要があります。これまで、要素を保護し、促進することに加えて、プロセスと風景重要な戦略的価値と関心、環境リスクを回避または防止するため、組み込まれてい分野の製品およびサービスに対する需要はますます付加価値スペイン経済にとって非常に重要な、特に沿岸の観光、その競争力など、ますます明確に質的側面にある場所の景観の質とアイデンティティ。持続可能な土地管理沿岸は確かに社会的、環境的義務であるが、それはまたです保全と経済の持続可能性のための説得力のある経済的な命令、二つの問題は相補的ではありませんが、同じ現実の二つの側面。しない保全は、最終的にカット以上で支払われている社会的な侵略であり、に基づいて、一度離れて成長のモデルを下回る税負担資源の枯渇。·海岸の民営化は、集団的損失です。現在の海岸法は除外DPMTの私有財産の可能性が、有効多かれ少なかれを使用しています権限と譲歩の保護の下で限られた時間のための独自の。このに対して、スペインで勝っていた行政と立法の伝統ですの使用方法とパブリックドメインと完全に破る引きこもりがちな他の開くとこのような歩行、入浴や風景を熟考、などの活動がされている本質的ではないが、必ずしもすべての経済活動を前提としています。民営化DPMTは不可逆的にコミュニティのために失われます。·DPMT劣化は良いとしての地位を危うくする。時から政府は、パブリックドメイン空間の反転を促進する "ことを話すその特性を失うことのための特別な保護を必要としなくなったこと（ "自然農業大臣によって提示された66の50衆議院の環境）には、奨励することができる。民営化後の沿岸地域の劣化。特に、それは、べきであるパブリックドメインに置かインフラのためにドアを開き、それなしには、対応する譲歩を終えた後、完全に逆転するだけでなくあなたが取り入れて、反対方向にスクロールする方法を行う完全にプライベートドメインへのインフラストラクチャをホストしているパブリックドメイン。場合これらはもはや既存のインフラストラクチャに配置されているDPMTをdisaffects助成金が終了すると、逆に、パブリックドメインに返されることがあります。完全に民営化されます。これは、とりわけ、マリーナが適用されます彼らの譲歩を締結する。公共の不満の民営化小さな特権でそれを楽しみに容赦なくつながる社会、民間企業の検索など、論理的に、高いとパブリックドメインその利益に関係なく、彼らのビジネスの収益性前提としています。提案は、アカウントのいずれかの領域に与えられた式に反映されていません都市の再分類と資格認定のための森林（焼け禁止長期間）、また（欧州法の下で）変化へ自然保護地域の、または機密解除、認証を必要とする（たとえば、劣化が進化を通して発生したことを）誤った行動を避ける自然（科学的研究による認定）。海岸の保全における国家の··避けられない責任。のために加盟国はより野心的なまでの期間、欧州連合（EU）の呼び出しを一貫した政策と沿岸域の統合管理。管理状態全般駆動するための広範な権限と機能を備えています協調の原則に物質を与えるための取り組み、協力と政策の一貫性の管理と沿岸域管理。具体的には、彼の手にそれと協調の原則を実装するための可能性憲法裁判所の和解の法律を意味し、また促進する地方政府と地方政府との協力の数字のすべての種類。したがって、それが単位として海岸線を考慮して行動することができ地理的な管理、こうしてに関するEU指令を満たす統合沿岸域管理。ただし、最大の広告閣僚の責任は継続する政治的意志を表明しない政策の統合と領土コヒーレンスの進歩が、取られたルートの大部分をたどる決意を示している。この内したがって、欧州連合自体のガイドラインに矛盾は無視される専門家の意見、で前例のない回帰の基礎を敷設沿岸の持続可能な管理。海岸の国際公約の遵守。政府としてスペインで、強制的に署名された国際的なコミットメントを維持する必要があります統合沿岸域管理（開発に関する最近のプロトコル2008年1月にマドリードで2011年3月に批准）を確立彼らは、 "かけがえのない重要な生態学的、経済的、社会を構成する保護、管理、およびランドスケープ（で署名のための欧州条約2008年5月以来、2000年10月と力でフィレンツェ）や "に適用されます陸地、海、陸水、 "ヨーロッパ憲章の管理1983年トレモリノスで採択された計画、その、その "客観的なそれは "〜となるように、沿岸域の特定のポリシーが必要ですバランスの取れた発展と環境保護を確保するだけでなく、1981年にクレタ島に採択されたヨーロッパの沿岸憲章、その最初の段落の領土のこの部分は "人間の生活の中で重要な役割を果たしている。"と考えている反対方向に作用するされている最善の取り組みから私たちを隔離するだろう当社が操業しているヨーロッパの文脈によって促進した。·海岸の状況は、地方分権法をサポートしていません。の考慮事項上記の改正にスペイン政府のイニシアチブの推定を可能にするパフォーマンスとして、真のinvolutionaryとして1988年の海岸法の自然と持続可能性目標の保護の減少普遍的に共有されます。この目的のために直面して覚えておくことが不可欠である欧州議会は2011年9月29日決議を承認しました国連会議 "リオ+20"（6月の "共通の立場"の持続可能な開発は、主になければならない "と強調2012年）EUのすべてのプロセスとポリシー内の "との実装のためのいわゆる"認識環境保護の文脈での非回帰の原理と基本的権利。 "離れて巨大なから、逆に行動する無謀、それは不調和とされている明示的な合意に反するヨーロッパ人は、その議会を通してコミットしました。·沿岸保護は道徳的義務です。それは道徳的に正当ではありません公共財の費用で個人的な利益を推進しています。それは政治的にではありません一般的に関心の不利益に特定の関心の持続的な防御。保護するために憲法上の義務を持っている人は、維持し、政策を推進国における議論の余地のない今、地域の新しい文化に対応する社会開発、学習、強調されイニシアチブを発表しました劣化、断片化部門、規制緩和など持続不可能な慣行すべての先進国の市民や政治フォーラムのように弁解の余地のない。進める民営化に沿って、実際にまたは法律では、政策のために行くです。焦土は、一度疲れ、修理の莫大な費用も含まれるすべての肩の上に落ちる。コモンズは、次のようなDPMTはできません経営戦略としての私権のなすがままになり、修理費用。教師のプロモーターマニフェストのリストサルバドール·アントン、地域地理的分析の教授と学校のディレクター観光とレジャーの大学ロビラ私Virgili。Burrielユージン、バレンシア大学の人文地理学の教授カルメン·デルガド、地域地理的分析の教授、大学カンタブリア。博士ジョセップ·マリア·ギリ、研究教授。部海洋生物と海洋、海の科学研究所（CSIC）ハビエル·マルティン-Videの、自然地理学の教授と協会の会長スペインの地理。ラファエル·マタ、自治大学の地域地理的分析の教授マドリッド。天使メネンデスRexach、大学で行政法の教授自治デマドリード。ギジェルモ·モラレス、地域地理的分析の教授、大学カルロス3世。オリオールネル·LO、自治大学の人文地理学の教授バルセロナ。ホセ·オヘダ、セビリア大学の地理学教授。ルチアーノParejo、大学カルロス3世で、行政法の教授ジョーン·ロメロ、バレンシア大学の人文地理学の教授。Rullan Onofre、地域地理的分析の教授とグループの会長AGEの都市地理学。理学部·ド·レ·Illes BalearsジョアンSubirats、自治大学政治学教授バルセロナフェルナンドベラ、地域地理的分析の教授との学校のディレクターアリカンテ大学の観光。フロZoido、地域地理的分析の教授とセンターのディレクター景観研究と計画。セビリア大学
0 件のコメント:
コメントを投稿