アメリカ合衆国のニューヨークに本部のある民間団体la Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierto;OSJI:Open Society Justice Iniciative?)の報告によると、テロリスト容疑者の不法逮捕、不法拘束、拷問、軟禁、誘拐などをCIAと協力して、54ヶ国は犯罪行為を諜報機関などが実行する、欧州ではドイツ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、キプロス、デンマーク、スペイン、フィンランド、ギリシア、アイスランド、アイルランド、イタリア、リツアニア、ポーランド、ポルトガル、イギリス、チェコ、ルーマニア、スウェーデン、クロアチア、マセドニア、アルバニア、アゼルバイジャン、ボスニア=ヘルセゴビア、ジョージア、ウズベキスタン。
Una ONG detalla la implicación de 54 países en las detenciones ilegales de la CIA
Una organización de derechos humanos describe 136 casos de abusos en sospechosos
Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta denuncia la opacidad de EE UU en la investigación
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Carlos Laorden Madrid 5 FEB 2013 - 11:21 CET
Al menos 54 países colaboraron “activamente” con el programa secreto de detenciones ilegales de supuestos terroristas desarrollado por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, según detalla en un documento la Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI), con sede en Nueva York. Aunque el presidente Barack Obama rechazó la tortura al acceder a su cargo en 2009, su Administración no se ha desmarcado de estos métodos ni ha establecido medios efectivos para prevenirlos. Tampoco ha cerrado el campo de detención de Guantánamo (Cuba), paradigma de las detenciones al margen de la ley de sospechosos de terrorismo.
El informe de 213 páginas elaborado por la OSJI, una organización en defensa de los derechos humanos estadounidense, denuncia que la Administración de George W. Bush (2000-2008) abrazó el “lado oscuro” para combatir el terrorismo internacional. Según el estudio, el Gobierno republicano autorizó numerosas violaciones de los derechos humanos sin preocuparse por respetar las leyes estadounidenses ni las internacionales.
España permitió el uso de su espacio aéreo y de aeropuertos para el traslado de sospechosos
Pero las conclusiones recalcan que la responsabilidad de estas acciones no debe reducirse a Estados Unidos. Las numerosas detenciones secretas y “rendiciones extraordinarias” practicadas no podrían haberse llevado a cabo sin la “participación activa” y secreta de los Gobiernos extranjeros que colaboraron con la CIA. Rendición extraordinaria es el término utilizado en EE UU y el Reino Unido para la detención ilegal, interrogatorio y traslado a otros países de los sospechosos de terrorismo.
Más de medio centenar de países, según la organización, participaron en la detención, tortura y otros abusos de estos sospechosos. Algunos incluso permitieron a la CIA establecer centros de detención en su territorio. Otros colaboraron en el transporte de los detenidos —los famosos vuelos secretos—, permitieron el uso de sus aeropuertos o de su espacio aéreo u ofrecieron sus servicios de inteligencia para localizar e interrogar a los detenidos.
Jaled el Masri (izquierda) en la Audiencia Nacional en 2006. / Claudio Álvarez
El estudio detalla los casos de 136 personas que fueron sometidas a estos métodos, aunque denuncia que, debido a la opacidad del Gobierno de EE UU y de la mayoría de sus socios, a día de hoy no puede conocerse el verdadero alcance de este programa ni la cifra total de víctimas. El informe que elaboró la Comisión de Inteligencia del Senado el pasado diciembre sigue clasificado y la Administración retiene diversos documentos de la agencia de inteligencia sobre estos programas. También se apunta que el asunto sigue siendo una “fuente significativa de preocupación”, ante los recientes informes de detenciones secretas que involucran a la CIA u otras agencias estadounidenses.
La OSJI critica que los tribunales estadounidenses hayan cerrado sus puertas a las víctimas de estas prácticas ilegales. Como ejemplo, cita el rechazo de la denuncia de Maher Arar, un ciudadano canadiense nacido en Siria que fue torturado en su país natal, basado en que la intervención judicial era “inapropiada” en casos relacionados con cuestiones sensibles de seguridad nacional. Canadá, por su parte, se disculpó ante Arar. Es el único país que ha entonado el mea culpa hasta el momento. Solo otros tres países —Suecia, Reino Unido y Australia— han compensado a víctimas de detenciones ilegales o rendiciones extraordinarias (los dos últimos mediante pactos secretos para evitar la batalla legal).
Los países implicados
Afganistán, Albania, Alemania, Argelia, Arabia Saudí, Australia, Austria, Azerbayán, Bélgica, Bosnia-Herzegovia, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Etiopía, Finlandia, Gambia, Georgia, Grecia, Hong Kong, Islandia, Indonesia, Irán, Irlanda, Italia, Jordania, Kenia, Libia Lituania, Macedonia, Malawi, Malasia, Mauritania, Marruecos, Pakistán, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Suecia, Siria, Tailandia, Turquía, Uzbekistán, Yemen, Yibuti y Zimbabue
En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado recientemente que Macedonia, al colaborar con la CIA en su captura y tortura, violó los derechos del ciudadano alemán Jaled El Masri.
De los 27 países de la Unión Europea, 17, entre los que se encuentra España, colaboraron con el programa de detenciones ilegales, según el documento que ahora publica la organización de derechos humanos. La implicación española presuntamente consistió en permitir, al menos entre 2003 y 2004, el uso de su espacio aéreo y aeropuertos a vuelos relacionados con este tipo de operaciones de la CIA. El vuelo que llevó al propio El Masri el 23 de enero 2004 a un centro de detención de la CIA en Afganistán, partió de Palma de Mallorca antes de hacer escala para subirle a bordo en Skopje, la capital de Macedonia. En 2007 el Parlamento Europeo ya publicó un informe en el que se recogían hasta 68 escalas de este tipo de transportes en aeródromos españoles.
Un año antes, en 2006, la Audiencia Nacional comenzó a investigar estos vuelos. Algunos cables diplomáticos estadounidenses filtrados por Wikileaks en 2010 sugerían el intento de las autoridades de EE UU de influir en la Fiscalía y el Gobierno para entorpecer las investigaciones en este sentido. En mayo de ese año, el fiscal solicitó al juez Ismael Moreno autorización para detener a 13 agentes de la CIA supuestamente implicados en la detención ilegal de El Masri.
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A detailed NGOs from 54 countries involvement in illegal CIA detention
A human rights organization described 136 cases of suspected abuse
Justice Initiative of the Open Society denounces U.S. opacity in research
See the full report
Carlos Laorden Madrid 5 FEB 2013 - 11:21 CET
At least 54 countries collaborated "actively" with the secret program of illegal detention of suspected terrorists developed by the Central Intelligence Agency after the attacks of September 11, 2001, as detailed in a document Justice Initiative of the Open Society ( OSJI), based in New York. Although President Barack Obama rejected torture to access their office in 2009, his administration has distanced himself from these methods and has established effective means to prevent them. Nor has closed the detention camp at Guantanamo (Cuba), the paradigm of arrests outlawed terrorist suspects.
The 213-page report prepared by the OSJI, an organization defending human rights U.S. claims that the administration of George W. Bush (2000-2008) embraced the "dark side" to combat international terrorism. According to the study, the Republican government allowed numerous violations of human rights without regard to respect U.S. laws nor international.
Spain allowed the use of its airspace and airports to transport suspects
But the findings emphasize that the responsibility for these actions should not be limited to the United States. The numerous secret detention and "extraordinary rendition" could not have been carried out without the "active participation" and secret foreign governments that cooperated with the CIA. Rendition is the term used in the U.S. and the UK for illegal detention, interrogation and transfer to other countries of terrorist suspects.
More than fifty countries, according to the organization, participated in the arrest, torture and other abuses of these suspects. Some even allowed the CIA to establish detention centers on its territory. Others worked in the transportation of detainees-the-famous secret flights, permitted the use of their airports or airspace or offered their intelligence services to locate and interrogate detainees.
Khaled el Masri (left) at the National Court in 2006. / Claudio Alvarez
The study details the cases of 136 people who were subjected to these methods, but claims that, because of the opacity of the U.S. government and most of its partners today can not know the true extent of this program or the total number of victims. The report prepared by the Senate Intelligence Committee last December and the Administration remains classified documents retains various intelligence agency on these programs. It also notes that the subject remains a "significant source of concern" at recent reports of secret detentions involving the CIA or other U.S. agencies.
The OSJI criticism that U.S. courts have closed their doors to victims of these illegal practices. As an example, he cites the refusal of the denouncement of Maher Arar, a Syrian-born Canadian citizen who was tortured in his home country, alleging that judicial intervention was "inappropriate" in cases involving sensitive national security issues. Canada, meanwhile, apologized to Arar. It is the only country that has sung the mea culpa far. Only three other countries-Sweden, United Kingdom and Australia have compensated victims of illegal detention or extraordinary rendition (the last two in secret deal to avoid a legal battle).
The countries involved
Afghanistan, Albania, Algeria, Saudi Arabia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia-Herzegovia, Canada, Croatia, Cyprus, Denmark, Egypt, United Arab Emirates, Spain, Ethiopia, Finland, Gambia, Georgia, Greece, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Jordan, Kenya, Libya, Lithuania, Macedonia, Malawi, Malaysia, Mauritania, Morocco, Pakistan, Poland, Portugal, United Kingdom, Czech Republic, Romania, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sweden, Syria, Thailand, Turkey, Uzbekistan, Yemen, Djibouti and Zimbabwe
In Europe, the European Court of Human Rights has recently ruled that Macedonia, to cooperate with the CIA in his capture and torture, violated the rights of German citizen Khaled El-Masri.
Of the 27 European Union countries, 17, among which is Spain, collaborated with the illegal detention program, according to the document now publishes human rights organization. Spanish involvement allegedly consisted of allowing at least between 2003 and 2004, the use of its airspace and airports to flights related to operations such CIA. The flight took himself El Masri on 23 January 2004 at a detention center of the CIA in Afghanistan, left Palma de Mallorca before a leg to turn up on board in Skopje, the capital of Macedonia. In 2007 the European Parliament has published a report that picked up to 68 scales of such transport in Spanish airfields.
A year earlier, in 2006, the National Court began investigating these flights. Some U.S. diplomatic cables leaked by Wikileaks in 2010 suggested the attempt by U.S. authorities to influence the prosecution and the Government to interfere with the investigations in this regard. In May of that year, the prosecutor asked the judge Ismael Moreno authorization to arrest 13 CIA agents allegedly involved in the illegal detention of El Masri.
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