la ley antiinmigration de Arizona desata un boicoteo en Estados Unidos

La ley antiinmigración de Arizona desata un boicoteo en Estados Unidos
El fiscal general estudia recurrir la normativa por anticonstitucional
YOLANDA MONGE - Washington - 29/04/2010

Cualquiera que quiera aplicarse la definición de liberal y progresista -pertenezca al partido que pertenezca- se está levantando estos días en pie de guerra contra la nueva ley de inmigración de Arizona. La llamada a boicotear ese Estado -donde se encuentra el Gran Cañón del Colorado- y las eventuales medidas legales que podría tomar el Gobierno de Washington son las primeras respuestas a lo que una amplia gama de sectores considera como una agresión a los valores fundamentales de esta democracia.

Cualquiera que quiera aplicarse la definición de liberal y progresista -pertenezca al partido que pertenezca- se está levantando estos días en pie de guerra contra la nueva ley de inmigración de Arizona. La llamada a boicotear ese Estado -donde se encuentra el Gran Cañón del Colorado- y las eventuales medidas legales que podría tomar el Gobierno de Washington son las primeras respuestas a lo que una amplia gama de sectores considera como una agresión a los valores fundamentales de esta democracia.

De momento, el alcalde demócrata de la vanguardista ciudad de San Francisco, Gavin Newsom, ya ha decretado la prohibición -testimonial, eso sí- de los viajes de sus conciudadanos a Arizona y ha suspendido las visitas previstas por miembros de su administración a ese Estado. Diversas figuras de la cultura y la política, así como organizaciones ciudadanas y de derechos humanos, han anunciado también el boicoteo al Estado que el pasado fin de semana promulgó una dura ley contra los inmigrantes sin papeles, que básicamente da carta blanca al racial profiling, o lo que es lo mismo, detener o interrogar a alguien por su aspecto físico, latino en este caso.

Si el boicoteo funciona, gran parte de los ingresos de Arizona por el turismo estarán en peligro, ya que cada año más de 4,5 millones de personas visitan el Gran Cañón. Los empresarios del sector han advertido que ya han detectado un incremento significativo del número de cancelaciones en los hoteles y las visitas a los parques nacionales.

La caza a los sin papeles decretada en Arizona va a forzar a la Administración de Barack Obama a violar la histórica tradición de no interferencia en los asuntos de los Estados para tratar de parar la ley que permite a la policía detener y exigir documentación a cualquier sospechoso de ser inmigrante indocumentado.

"Eso convierte en sospechosas a muchas personas que tienen raíces en Arizona desde antes incluso de que Arizona fuera un Estado", manifestó ayer el presidente Obama. El fiscal general, Eric Holder, no ha descartado la posibilidad de acudir a los tribunales para desafiar la constitucionalidad de la controvertida iniciativa.

Es evidente la urgencia de una ley nacional que intente paliar esa situación. Pero requiere una acción por parte de un Congreso que está embarcado en otras grandes reformas y con la mirada puesta en las elecciones legislativas de noviembre. La ley de inmigración compite en urgencia al menos con otras dos: una reforma energética y una ley de medio ambiente.

Desde las filas conservadoras también se levantan airadas voces de protesta. Meghan McCain, la hija del famoso senador, ha rebatido la postura de su padre, partidario de la ley, y ha anunciado en su blog su posición contraria a esa legislación. Figuras relevantes, como Jeb Bush, el emergente Marco Rubio o Karl Rove, el que fue asesor del presidente George W. Bush, han expresado también su rechazo a la medida.

Las organizaciones que representan a los hispanos han anunciado una cadena de movilizaciones en todo el país para denunciar la situación de indefensión en la que, según sus portavoces, los deja esta ley. Pero manifestaciones hay en ambos lados. Phoenix, la capital de la Arizona, ha sido escenario de diferentes actos en defensa de la iniciativa, recordando que, según encuestas recientes, el 70% de la población de Arizona la respalda.

Las autoridades estatales niegan consideraciones racistas y argumentan que se han visto forzados a adoptar esta norma movidos por las condiciones creadas en su Estado en los últimos años. Se calcula de hay actualmente en ese territorio más de medio millón de personas en esa situación (entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados viven en EE UU).


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